En los últimos años, ha surgido un fenómeno corrosivo: los juicios celebrados fuera de los tribunales, en el ámbito digital y mediático. Lo que antes era ruido de fondo se convierte en un prejuicio, capaz de influir en la reconstrucción de los hechos. Las narrativas rápidas y virales consolidan las opiniones que preceden al contrainterrogatorio en el juicio.

La contaminación entre la información y el juicio afecta las garantías: incluso los magistrados están sujetos a presión social, mientras que el consenso mediático parece valorar la legitimidad del fallo más que sus argumentos. Así, la ley deja de guiar a la opinión pública y se convierte en su víctima.

La defensa es la más castigada: garantizar un juicio también implica impugnar las condenas previas al juicio, reconstruir las pruebas, pero también comprometer la reputación. La fiscalía, a su vez, corre el riesgo de sucumbir a la lógica de las "victorias mediáticas", reduciendo el rigor y la calidad de sus investigaciones.

El mayor daño recae sobre el acusado: la justicia penal distingue los hechos de los individuos, mientras que los medios de comunicación los confunden, estigmatizando al acusado mucho más allá de una posible absolución. El estigma perdura más allá del propio juicio.

Estos no son errores periodísticos aislados, sino un problema sistémico que afecta a los medios de comunicación, las plataformas y la sociedad civil. Se necesita un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a un juicio justo, con normas más estrictas sobre la información judicial, mayor rendición de cuentas en la información periodística y herramientas eficaces para la protección de la reputación.

En última instancia, se trata de un desafío cultural: defender el proceso implica defender a la comunidad civil, aceptar la lentitud de la verificación y el valor de la duda. Si prevalece el tribunal de la opinión, el perdedor no es solo el acusado, sino la justicia misma y la confianza en las instituciones.